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¿Qué dice el código penal sobre la difusión no autorizada de imágenes íntimas?

¿Qué dice el código penal sobre la difusión no autorizada de imágenes íntimas?
  • Un episodio como el del vídeo de Enrich y Luna puede acarrear a aquel que divulgue la grabación multa de hasta 7.300 euros e, incluso, pena de cárcel

La difusión no consentida de imágenes íntimas representa la cara más oscura del uso de las nuevas tecnologías de comunicación, y el caso del vídeo sexual de Sergi Enrich y Antonio Luna es una buena muestra de ello. La inmediatez que brindan los 'smartphones' permite compartir documentos con una rápidez vertiginosa, pero una acción tan sencilla como enviar una fotografía sin la autorización pertinente puede acarrear duras consecuencias.

El Código Penal, tras la reforma que entró en vigor en julio de 2015, tipifica como delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen la divulgación no autorizada de imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego difundidas sin que ésta lo sepa.

El texto, que contempla pena de prisión, modificó el del año 1995, en el que el tipo penal que existía para este supuesto se refería a la difusión, revelación o cesión de imágenes de personas físicas, a las que se hubiera accedido sin autorización.

Desde el verano pasado el artículo 197.7 del Código establece que se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses las conductas consistente en la difusión sin autorización de imágenes captadas con autorización.

También penaliza el código la difusión de imágenes después de la obtención de éstas sin autorización en el artículo 197.3.

"Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior", añade.

La sanción económica, la más «probable»

«Lo más probable es que se opte por la pena menos gravosa, la de la sanción económica», cree Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Y se atreve a aventurar una cantidad. «La ley establece una multa mínima de 2 euros por día y un máximo de 500. Normalmente a gente con ingresos medios se le imponen 6 euros diarios. Y en este caso, al ser futbolistas, podrían caerles entre 10 y 20 euros al día». Tomando estas referencias, la horquilla iría de los 1.800 a los 7.300 euros.

¿A quién se le puede reclamar este dinero? Pues a aquel que «sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona», detalla el Código Penal.

Una de las dudas que planean en el caso de los jugadores del Eibar es que los futbolistas compartieron el vídeo únicamente con un grupo de amigos. Sin embargo, a juicio de González Vega, una acción en esos términos también se podría denunciar: «Podría serle imputado este delito también a aquel que cedió primeramente la grabación.»

El artículo 197 contiene otros apartados que imponen penas distintas en función de cómo se han obtenido y difundido estas imágenes. En el caso de los futbolistas del Eibar y la chica, valora Ignacio González Vega, hay «consentimiento» (anuencia) de las tres personas que aparecen en el vídeo. Un consentimiento que, sin embargo, puede ser cuestionado, sobre todo en el caso de la chica. «Ella sabe que le están grabando, y eso podría entenderse como consentimiento. Lo que no está consintiendo es que ese vídeo se difunda, como ha sucedido», aclara el experto.

Cosa bien distinta sería si la afectada ignorara que estaba siendo filmada. «En esa circunstancia no habría ya opción de multa, solo de prisión», de dos a cinco años.

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